Viviendas de uso turístico: ¿puede la comunidad prohibir o condicionar la actividad?

¿Quieres destinar una vivienda a uso turístico, pero la comunidad de propietarios se opone? ¿O la comunidad quiere evitar que se abran nuevos alojamientos turísticos en el edificio?

La licencia administrativa no es el único requisito que debe comprobarse. También habrá que revisar el título constitutivo, los estatutos y los acuerdos de la comunidad, además de la normativa de propiedad horizontal aplicable.

¿Puede la comunidad prohibir las viviendas turísticas?

En principio, sí. Los estatutos podrían establecer limitaciones sobre el destino de las viviendas y la comunidad podría adoptar posteriormente un acuerdo para aprobar, limitar, condicionar o prohibir la actividad turística.

No obstante, la prohibición debe formularse de manera clara. Una referencia genérica al uso residencial del inmueble no siempre será suficiente para impedir la actividad. También convendría comprobar si la limitación figura inscrita en el Registro de la Propiedad, especialmente para determinar sus efectos frente a futuros compradores.

Estas cuestiones pueden analizarse dentro de un servicio de asesoramiento en propiedad horizontal.

¿Qué mayoría se necesita?

En los territorios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, el acuerdo expreso requiere el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios que representen, a su vez, tres quintas partes de las cuotas de participación.

Desde el 3 de abril de 2025, el propietario que quiera iniciar una actividad de alojamiento turístico también debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad con esa mayoría. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha aplicado esta exigencia a las actividades habilitadas después de esa fecha en distintas resoluciones sobre el Registro Único de Arrendamientos.

En Cataluña se aplica el Código Civil de Cataluña. La modificación de los estatutos para incorporar una prohibición requiere, con carácter general, el voto favorable de cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto que representen cuatro quintas partes de las cuotas.[YLT2] 

¿Cómo puede condicionarse la actividad?

La comunidad tiene facultad de establecer condiciones relacionadas con la convivencia y la utilización de los elementos comunes, siempre que sean claras, legales y proporcionadas.

Entre otras cuestiones, podría regular:

  • El cumplimiento de las normas de convivencia.
  • La utilización de accesos y zonas comunes.
  • La gestión de llaves o sistemas de entrada.
  • La actuación ante ruidos o actividades molestas.
  • La contribución a determinados gastos comunes.

En el régimen estatal también puede acordarse un incremento de hasta el 20 [YLT3] % en la participación de la vivienda turística en los gastos comunes.

Consideraciones importantes

Los acuerdos adoptados conforme a la Ley de Propiedad Horizontal estatal no tienen efectos retroactivos. Quienes ya ejercían legalmente la actividad antes del 3 de abril de 2025 y cumplían la normativa turística pueden continuar en las condiciones y durante los plazos aplicables.

En Cataluña también habrá que analizar cuándo comenzó la actividad, el contenido del acuerdo, el sentido del voto del propietario y su inscripción registral.

Si existe una controversia sobre la validez o los efectos del acuerdo, podría ser necesaria una revisión jurídica del conflicto comunitario.

En definitiva, la comunidad puede intervenir, pero no basta con una oposición informal: debe seguirse el procedimiento correcto, alcanzarse la mayoría exigida y respetarse la situación jurídica de cada vivienda.

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